Hoy
ha concluido la visita del Relator de Naciones Unidas, James Anaya, quien desde
el 6 de diciembre ha recogido información de parte de representantes del
Gobierno, a nivel nacional y regional, las poblaciones afectadas por los
proyectos extractivos y las empresas. Así, en la conferencia de prensa presentó
las observaciones y recomendaciones preliminares, siendo uno de los puntos
principales sus impresiones de la visita (10 y 11 de diciembre) a las
comunidades indígenas alrededor del Lote 192 (ex lote 1AB) en Loreto.
Anaya
resaltó que durante su visita los dirigentes indígenas manifestaron
reiteradamente que ellos no se oponen al desarrollo, pero que ese desarrollo
debe tener consonancia con sus derechos, incluyendo sus derechos sobre sus
tierras, recursos naturales y sus propias aspiraciones y prioridades para el
desarrollo.
“Un
ejemplo de las varias experiencias negativas con la extracción de recursos
naturales en el Perú es la situación de los pueblos indígenas en las cuencas de
los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Estos pueblos, por más de cuatro décadas, han sido afectados por la
explotación petrolera en el Lote 1-AB en el departamento de Loreto. He podido
constatar personalmente los serios problemas
ambientales que existen en esta zona a raíz de la actividad petrolera.
Esto incluye la contaminación de los cuerpos de agua y suelos utilizados por
los pueblos indígenas de esa región lo que ha afectado sus fuentes de
alimentación y su salud”, señaló.
Sostuvo
que la presencia de contaminación ambiental producto de la actividad petrolera
durante las últimas cuatro décadas representa una situación crítica que debe
ser atendida con la urgencia que merece. Es necesario que el Gobierno y la
empresa realicen mayores esfuerzos para asegurar la remediación ambiental en el
Lote 1-AB sin dilatación por razones de una falta de claridad sobre la
responsabilidad empresarial.
Respaldó
además las demandas de los pueblos indígenas de esta parte del parte del país
como precondición para entrar en el proceso de la consulta previa que se
contempla llevar a cabo alrededor de la licitación de la concesión del lote 192
que está prevista para el año 2015, como: la titulación de sus tierras, una
mayor presencia del Estado en la zona, indemnizaciones por 40 años de
explotación petrolera, y la compensación por el uso de sus tierras para
actividades petroleras. “Coincido en que estas condiciones son justas y
conducentes para un proceso de consulta productivo en relación con una posible
nueva concesión petrolera en el área.
Invocó
a las partes que aprovechen de esta oportunidad de acercamiento para buscar
soluciones a los problemas planteados.
Anaya
durante su visita a las comunidades indígenas de las cuencas del río Pastaza,
Tigre y Corrientes visitó las lagunas de Shanshococha, Ullpayacu, Pampaliyacu y
los depósitos sólidos, a fin de comprobar la contaminación de la zona, donde
sostuvo que "la actividad petrolera en sus tierras es sumamente
preocupante".
Ante
la presencia de 150 apus prometió monitorear la situación y llevar su mensaje
al gobierno y a la comunidad internacional.
En Shanshococha Juan Pablo Callas monitor ambiental quechua mostró el crudo se la laguna al momento de afirmar que "Pluspetrol ha rellenado la laguna tapando las evidencias del crudo, pero sigue filtrando petróleo". Asimismo se lamentó: "mis ancestros han subsistido de esta laguna. Seguimos pescando aunque sabemos que está contaminada."
Los
apus le mostraron uno de los 26 cementerios de chatarra encontrados hasta el
momento, que habrían sido enterrados por la empresa Oxy y Pluspetrol. Otro de
los lugares visitados fue la laguna Ullpayacu. En 2007 el Ministerio de Energías
y Minas dio el visto bueno al plan de remediación de suelos. Sin embargo en
2012 informes de la Digesa, ANA y OEFA mostraron que está zona está gravemente
contaminada.
El recorrido finalizó en la extinta laguna Pampaliyacu, el arenal, cuyas aguas han sido reemplazadas por el crudo.
Consulta previa:
Enfatizó
que una condición necesaria para el desarrollo de la consulta previa es la
creación de un ambiente de confianza mutua. “Los pueblos indígenas en el Perú
han sufrido a lo largo de los años las consecuencias devastadoras de proyectos
extractivos en sus territorios, una historia que ha resultado en una
deterioración de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, que
todavía falta mucho por superar”, dijo.
“El
reto ahora consiste en asegurar la implementación de la consulta previa de una
manera conforme a los estándares internacionales relevantes. Durante esta
visita, he constatado que se han dado pasos hacia la implementación de la
consulta previa en el país, incluyendo en el contexto de proyectos de industria
extractivas. Sin embargo, estos pasos se encuentran todavía en sus
fases incipientes y según lo expresado tanto por representantes el Estado como
por parte de los pueblos indígenas, el Gobierno todavía se encuentra en un
proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa en
términos metodológicos, logísticos y presupuestarios”, dice Anaya.
“Revisare
la extensa información recibida con el fin de elaborar un informe sobre los
temas estudiados y para hacer una serie de recomendaciones. Este informe se
hará público en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014”.
Crédito de las fotos: Grupo Técnico de las
Federaciones Indígenas/Javier Dueñas.
Grupo Técnico de las Federaciones
Indígenas (Federación Indígena Quechua del Pastaza- Fediquep y Feconat-
Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre) integrado por el
Instituto de Defensa Legal, Solsticio Defensa Indígena, Oxfam, Fedepaz,
RainforestNY.
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